Corte Suprema zanja disputa de competencia y radica caso Democracia Viva en Antofagasta

La Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió la contienda de competencia surgida en el denominado caso “Democracia Viva”, que reúne las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, determinando que el Juzgado de Garantía de Antofagasta es el tribunal competente para continuar conociendo la investigación por los presuntos delitos de fraude al Fisco y lavado de activos.

El conflicto jurisdiccional se originó luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera una solicitud presentada por las defensas de tres de los imputados para trasladar la causa al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, este último tribunal posteriormente se declaró incompetente, generando una discrepancia que debió ser resuelta por el máximo tribunal del país.

En su resolución, la Segunda Sala de la Corte Suprema fundamentó su decisión en los artículos 157 y 159 del Código Orgánico de Tribunales, normas que establecen que, cuando se investigan conjuntamente distintos hechos vinculados entre sí, la competencia corresponde al tribunal de la jurisdicción donde se haya cometido el primer hecho con aptitud penal.

De acuerdo con el fallo, ese primer acto de ejecución ocurrió el 1 de julio de 2022 en Antofagasta, fecha en que se suscribió el convenio que permitió la transferencia de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Fusupo.

Para la Corte Suprema, dicha actuación constituye el hito fundacional de la investigación, al ser el primer hecho que habría puesto en riesgo el patrimonio fiscal y el correcto funcionamiento de la administración pública. Por este motivo, el máximo tribunal determinó que la causa debe quedar radicada definitivamente en Antofagasta.

Con esta resolución, el caso Democracia Viva continuará su tramitación ante los tribunales de Antofagasta, tal como había sostenido el Ministerio Público durante la disputa de competencia.

La decisión permitirá además que avance la preparación del juicio oral respecto de las siete personas que actualmente se encuentran acusadas. Todas enfrentan cargos por presunto fraude al Fisco, mientras que dos de ellas también están acusadas por lavado de activos.